Publicado el 04/07/2025 por Administrador
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La política migratoria cada vez más restrictiva de Estados Unidos está generando efectos colaterales dramáticos en México: el auge del tráfico de personas como negocio criminal. Con el endurecimiento de los controles fronterizos y la reducción de canales legales para migrar, miles de personas han quedado a merced de redes de coyotaje y organizaciones delictivas que se benefician del desespero.
En Tapachula, en la frontera sur de México, activistas y organizaciones humanitarias han denunciado un aumento significativo en el flujo irregular de migrantes, muchos de los cuales ya no ven otra opción que pagar miles de dólares a traficantes para continuar su camino hacia el norte. La cancelación del sistema de citas migratorias a través de la aplicación CBP One en EE.UU. ha sido uno de los factores clave que ha empujado a los migrantes hacia las rutas clandestinas.
Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, afirma que los costos del coyotaje se han disparado hasta los 15.000 dólares por persona. Este incremento, lejos de mejorar la seguridad, ha incentivado la violencia en las rutas migratorias, ya que grupos del crimen organizado se disputan el control de los corredores y los migrantes quedan atrapados entre extorsiones, secuestros y abusos.
La militarización de la frontera sur estadounidense, junto con la presión para que México actúe como muro de contención migratoria, ha desplazado los flujos hacia rutas más peligrosas. Estas zonas, en manos de organizaciones criminales, se han convertido en verdaderos mercados de explotación donde los migrantes son tratados como mercancía.
En paralelo, el uso de plataformas digitales como TikTok o WhatsApp ha permitido a los traficantes modernizar sus métodos de captación. A través de videos y promesas engañosas, ofrecen cruces “seguros” que, en la práctica, exponen a las personas a condiciones extremas e incluso mortales. Las autoridades mexicanas han detectado una creciente sofisticación en estas redes, lo que dificulta su rastreo y desmantelamiento.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido reforzar los operativos de contención y desplegar efectivos de la Guardia Nacional en zonas clave. Sin embargo, expertos advierten que estas medidas no atacan la raíz del problema: la falta de opciones seguras y legales para migrar.
La situación se complica aún más con la creciente presión política desde Washington. Voces conservadoras exigen una línea más dura, mientras que organizaciones de derechos humanos urgen a reabrir mecanismos como CBP One y fortalecer el asilo. En este contexto, México queda en una posición incómoda, intentando equilibrar su soberanía con las exigencias externas.
El resultado es una crisis silenciosa que convierte la migración en un negocio multimillonario para redes criminales. Los migrantes, lejos de encontrar seguridad o refugio, se enfrentan a rutas plagadas de violencia, explotación y muerte.
La única salida viable, sostienen organismos internacionales, es una política binacional más humana y estructurada, que priorice la dignidad, la protección y la movilidad segura. De lo contrario, el tráfico de personas seguirá creciendo como una industria de la desesperación.
