Publicado el 07/06/2025 por Administrador
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Un tribunal federal de apelaciones ha frenado la entrada en vigor de una polémica ley impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que buscaba endurecer significativamente las medidas contra personas en situación migratoria irregular. La decisión judicial representa un duro revés para el proyecto estrella de DeSantis en materia de inmigración y una victoria clave para organizaciones defensoras de derechos civiles.
La ley, conocida como SB 4-C, fue aprobada en febrero por la legislatura estatal controlada por los republicanos. Establecía que cualquier persona que hubiera ingresado al país sin inspección podría ser arrestada y encarcelada dentro del estado, incluso si con el tiempo regularizaba su estatus y no cometía ningún otro delito. La normativa también imponía prisión preventiva obligatoria, eliminando cualquier evaluación individual de riesgo o antecedentes.
Los críticos argumentaron desde el inicio que esta medida violaba tanto la Constitución de Estados Unidos como las competencias exclusivas del gobierno federal en temas migratorios. La ley fue demandada por la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas del estado y varias personas directamente afectadas.
La Corte de Apelaciones se negó a levantar la suspensión previa impuesta por una instancia inferior, lo que significa que, al menos por ahora, la SB 4-C no podrá implementarse. En su resolución, los magistrados señalaron que la normativa estatal interfería con la autoridad federal y podía provocar violaciones masivas de derechos fundamentales.
Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU en Florida, calificó el fallo como “una rotunda defensa de la dignidad humana ante el autoritarismo legislativo”. Según ella, la ley no solo era ilegal, sino también “moralmente inaceptable”.
Por su parte, Cody Wofsy, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU nacional, destacó que esta decisión se suma a otros fallos similares en estados como Texas y Oklahoma, donde también se intentó legislar de manera paralela al sistema migratorio federal.
El gobernador Ron DeSantis no se ha pronunciado aún tras el fallo, aunque en ocasiones anteriores ha defendido la ley como parte de su plan para "proteger a Florida del caos fronterizo". Sin embargo, sus críticos lo acusan de utilizar el tema migratorio como plataforma política con fines electorales.
Aunque el proceso legal continuará y se esperan nuevas audiencias, el impacto inmediato es claro: la SB 4-C queda congelada, y miles de familias migrantes en Florida respiran, por ahora, con algo más de tranquilidad.
El fallo también reaviva el debate nacional sobre hasta dónde pueden llegar los estados en su intento por regular la inmigración, una competencia históricamente reservada al gobierno federal.
